Micropoder



Sobre el derecho a decidir y la unidad jurídica de España (III)

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Desde el principio la sintonía con la Universidad Internacional de Valencia ha sido total puesto que se trata de un proyecto moderno, innovador y con vocación internacional. Unas señas de identidad que, junto con el rigor académico y la conexión constante con la actualidad jurídica y social, compartimos en Cremades & Calvo-Sotelo.

Es precisamente esta constante vinculación del derecho con la realidad social la que me ha llevado a elegir como tema de mi intervención una cuestión de hondo calado constitucional pero de candente actualidad: la unidad jurídica de España.

Ante el debate suscitado sobre el llamado derecho a decidir, es decir, sobre la independencia de Cataluña y sus relevantes implicaciones jurídicas, me gustaría expresar mi preocupación por la postura adoptada por algunos líderes políticos que proclaman su intención de desvincularse unilateralmente del marco constitucional al margen del procedimiento previsto por nuestra Ley Fundamental para su reforma.

Quienes hemos estudiado el Derecho Constitucional sabemos bien que nuestra Constitución no es una ley más, sino que expresa la voluntad del poder constituyente de un pueblo, el español, en el que radica la soberanía y del que emanan todos los poderes del Estado como expresa su artículo 1. Y su artículo 2 seguirá diciendo que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones  que la integran y la solidaridad entre todas ellas“. Ahí están contenidas, pues, las decisiones básicas que configuran nuestro Estado constitucional.

Como jurista y demócrata defiendo una España plural, en la que caben las adhesiones y también las discrepancias. Pero siempre desde el respeto a la Constitución, que establece un marco jurídico, que nos dimos en la Transición, y que proclama la igualdad de derechos entre todos los españoles. En este extremo nuestro Texto Fundamental es igualmente claro en sus artículos 14 y 139: todos los españoles somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Soy plenamente consciente de que el ordenamiento jurídico no es inmutable y por ello pienso que los legítimos deseos y aspiraciones sociales y políticas deben canalizarse, pero siempre con estricto respeto a las leyes y a los procedimientos en ellas previstos para su reforma, de manera que el diálogo y el acuerdo entre ciudadanos iguales ayude a mejorar nuestro ordenamiento jurídico, que es la mejor garantía de nuestra convivencia democrática.

Pero me preocuparía  que esta cuestión se limitara a una cuestión formal sobre la reforma de la Constitución, o mejor, de la interpretación que se haga de la Constitución. Hay países de larga tradición democrática, como Gran Bretaña, que no tienen una Constitución escrita. Por eso, pienso que sería más adecuado relacionar la unidad de la Nación con la voluntad de todo el pueblo, que sustenta la soberanía y que por serlo,  forma su propio ordenamiento jurídico para canalizar a través del mismo aquella voluntad y en definitiva, aquella soberanía. Eso es democracia. De ahí que un pueblo sin ordenamiento jurídico no será nunca un Estado de Derecho y, si no lo tiene, o no lo respeta, no será un pueblo demócrata y civilizado sino una anarquía, un caos o una sociedad dirigida de espaldas a la libre voluntad de sus miembros. Por eso, decir lo contrario será hacer demagogia: una falsa e interesada valoración de la realidad.  De ahí que voluntad del pueblo, democracia y Estado de Derecho sean inseparables. De esta manera, si la voluntad de todo el pueblo español ha creado en España, como así ha sido, un orden jurídico cuya cúspide viene coronada por la Constitución, solo ese pueblo, en su conjunto y con sus valores y voluntades, es quien puede cambiar el orden jurídico establecido. “Parte del pueblo no es el pueblo”, y por consiguiente, si una parte quiere separarse del resto realizando un acto de secesión, quebranta el ordenamiento jurídico establecido por todos, y con ello vulnera la soberanía, el Estado de Derecho y la democracia. Y ya hemos visto lo que suele ocurrir en esos casos.

 

 

 

 

 
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