Micropoder



Sobre el derecho a decidir y la Unidad Jurídica de España (V)

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No podemos olvidar que la Constitución por sí misma no garantiza esa paz y prosperidad que hemos conseguido entre todos durante su vigencia. En esto consiste la llamada paradoja de Böckenförde, el gran constitucionalista alemán, a quien la dramática historia del siglo XX le ha enseñado que “la democracia vive de supuestos que ella misma no está en condiciones de garantizar”. Para que las reglas del juego constitucionales funcionen hace falta que las instituciones y los ciudadanos las cumplan y las adapten a las evoluciones sociales. No me refiero sólo a la política y a los políticos sino también a lo que algunos denominan realidad prepolítica.

La sociedad civil corre el riesgo de quedar aprisionada entre unas estructuras políticas anquilosadas y unos movimientos radicalizados. Como enseñaba Hannah Arendt “las libertades democráticas pueden hallarse basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente sólo allí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por éstos o donde forman una jerarquía social y política”.

En esta línea pienso que, más que reformar la Constitución para cambiar de modelo de Estado, lo que necesitamos son reformas desde la ciudadanía que reformen nuestra sociedad, desde la participación, la transparencia y el sentido de responsabilidad.

Se requiere por tanto una nueva inyección de principios democráticos que involucren a los ciudadanos en el gobierno de la sociedad. Cada vez es más aceptado que la regeneración del sistema político debe venir de las realidades previas a la política y a la economía. Por este motivo, hoy más que nunca se necesita revitalizar todas aquellas instituciones nacidas de la propia iniciativa de los ciudadanos por motivos profesionales, sociales o cívicos.

Es preciso, y urgente, volver la vista atrás y recuperar el espíritu de la Transición, que fue, y sigue siendo sin duda, el espíritu constitucional. Volver la vista atrás para pertrecharnos de energía y poder así dar un paso adelante acometiendo, con sensatez y espíritu de consenso, las reformas de los partidos, del sistema electoral, de la organización territorial del Estado, de determinadas instituciones, y cuantas sean necesarias para que nuestra democracia constitucional se fortalezca y se preserve para el futuro. La generación del presente no debe, de ninguna manera, por inacción, condenar a una ingrata existencia a las generaciones venideras.

Yo no soy un político, sino un jurista. Como tal, como constitucionalista, con las herramientas y el lenguaje del Derecho constitucional estoy hablando aquí en ésta, para mí, entrañable sesión académica. Por ser jurista de la Constitución soy también, inevitablemente, jurista generalista, hombre de Derecho, de todo el Derecho. Esa ha sido mi trayectoria, la de un universitario, profesor, investigador, estudioso del Derecho que, al mismo tiempo, ha ejercido y ejerzo, con convicción y vocación, la noble, pero dura, profesión de Abogado. He conciliado, deliberadamente, esas dedicaciones porque, como bien se sabe, en la ciencia del Derecho la teoría no debe separarse de la práctica. El Derecho, como dijo un célebre juez norteamericano, no sólo vive en los libros, sino también, y principalmente, en los casos.

Pues bien, desde esas convicciones y esa experiencia quiero decirles que la unidad del Estado y la unidad de la Nación son sinónimos de la unidad del Derecho, una unidad que tenemos la obligación de preservar, y que admite en su seno las diversidades, pero no la contradicción, que no impone la uniformidad, pero sí la igualdad sustancial de derechos y obligaciones de todos los españoles. Y hoy, esa unidad está en peligro, y por ello en peligro la convivencia en paz y libertad.  Para conjurarlo es preciso que los líderes políticos y sociales se esfuercen en el ejemplo de cumplir fielmente la Constitución, que los jueces y tribunales se esfuercen en garantizar  el correcto cumplimiento de las leyes, de todas ellas, con la Constitución a la cabeza.

Soy abogado desde hace más de veinte años y estoy convencido de que la abogacía es una de las profesiones más nobles y apasionantes de cuantas existen. Los abogados hemos sido siempre vanguardia de la sociedad, hemos participado en todos los cambios sociales relevantes, y con frecuencia los hemos liderado. Pero, desde hace algunas décadas, los abogados hemos estado relativamente ausentes de los debates y de los cambios sociales. España necesita una nueva abogacía que se comprometa con los distintos debates sociales que definen nuestro futuro y, de esta forma, siga liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos.

La nueva abogacía debe recuperar posiciones de liderazgo en la sociedad porque los abogados somos agentes principales del mundo jurídico, que es el que define las claves del juego en sociedad. Porque para conseguir tener una voz respetada en la sociedad, los abogados primero necesitamos recuperar el prestigio social, que sólo podremos participando activamente en el juego de la sociedad. Así podremos alcanzar el respeto que necesitamos en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales.

La unidad del ordenamiento sólo se preserva si el Derecho se produce y aplica de acuerdo con los valores,  principios y reglas constitucionales,  porque de ahí proviene su validez. Pero también se preserva la unidad del ordenamiento si el Derecho se elabora con buena técnica, que conduzca a redactar normas claras y precisas terminando con las muchas imprecisiones,  duplicidades y fárragos que ahora atenazan a nuestro sistema jurídico. Nunca debe olvidarse que el Derecho obtiene su legitimidad por la validez, pero la mantiene por la eficacia,  por la seguridad jurídica que proporciona a sus destinatarios. Por ello, con sometimiento pleno a la Constitución,  pero también por medio de buenas leyes y buenas sentencias, el Derecho podrá preservar su unidad y realizar su cometido, que no es otro que el de asegurar la convivencia en paz, libertad e igualdad dentro de esta Nación que, desde hace tantos siglos, se llama España.

He dicho.

 
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