¿Qué fuerza singular puede hacer que Tyco Internacional procure tener emisiones más limpias, inspirar a PepsiCo. para el estudio del impacto del SIDA en África, o conseguir que Merck&Co. publique sus intenciones de elaborar píldoras anticonceptivas? La respuesta es: los accionistas. En Estado Unidos, durante los últimos años, las propuestas para las Juntas Generales elaboradas por los accionistas, organizados alrededor de plataformas de Internet, se han incrementado un 20% cada año.

Los accionistas se sirven de la red para organizarse en función de sus intereses y ha creado una nueva forma de activismo accionarial. Las plataformas se crean para defender sus intereses en una compañía o en varias, utilizando recursos comunes.

Estas nuevas organizaciones, estos nuevos activismos se han organizado en bastantes ocasiones entorno a la defensa de intereses más amplios, no circunscritos a una particular decisión de una corporación. Es el caso de la defensa del medio ambiente (ceres.org), de la reputación o acción social (socialfunds.com, asyousow.org – “utilizando los mercados, el apalancamiento de los accionistas, estrategias legales innovadoras,… para crear una sociedad social y medioambientalmente justa” -, socialinvest.org), o de la investigación independiente para accionistas (irrc.org).

Podríamos de afirmar que el activismo accionarial es cada vez más una estrategia que obtiene resultados. Con ella, un creciente número de grupos de interés accede a los órganos de gobierno de las sociedades y reclama, desde dentro, otras políticas o llama la atención sobre la actividad de las propias compañías. En España, esta práctica es poco frecuente todavía. Las organizaciones Setem o Amigos de la Tierra son algunos de los escasos ejemplos de cómo utilizar las juntas de accionistas -y su impacto mediático- para denunciar la actividad de algunas empresas. Pero el activismo accionarial no es sólo una estrategia de presión o de denuncia de las ONG’s. Nuevos accionistas, organizados o no, pero más plurales, más pequeños y más diversos componen una base accionarial de más de 8 millones de personas en España. La titularidad sobre acciones ha crecido incomparablemente más que otras formas de propiedad.

La posesión masiva de acciones en manos de ciudadanos conscientes y críticos abre posibilidades inéditas de influencia política. Consumidores exigentes y accionistas lúcidos pueden –juntos- modificar el rumbo de muchas sociedades en alianza con un liderazgo empresarial más comprometido socialmente. Pero el problema de fondo sigue siendo cómo configurar en el accionista una voluntad política capaz de dirigir o condicionar la voluntad económica de las corporaciones. Cabe preguntarse si el pequeño accionista será capaz de formarse una opinión y hacerla valer en las juntas o si simplemente esperará pasivo el dividendo. Y, ¿qué papel van a jugar las nuevas tecnologías y el derecho al voto electrónico en este nuevo escenario?

Después de la llegada de la Ley de Transparencia se construyó un camino lleno de posibilidades en el cuál estaban la transparencia, la tecnología y responsabilidad como nuestros mejores guías, no sólo para la reputación corporativa o el buen gobierno, sino para la incorporación de prácticas de gestión y decisión basadas en los derechos democráticos de accionistas e inversores. Las nuevas tecnologías facilitarán que las empresas atraigan a accionistas de espacios que exceden a sus ámbitos geográficos y les permitirá no depender tanto psicológicamente de su domicilio social, fomentando el acercamiento a unos accionistas cada vez más globales.