Micropoder



Democracia Interactiva

Sobre el derecho a decidir y la unidad jurídica de España (I)
Lunes, 27 de Enero de 2014 12:49
Escrito por Javier Cremades
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Sobre el derecho a decidir y la unidad jurídica de España

Lección magistral del Dr. Javier Cremades en el solemne acto de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Valencia.

Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Valencia, Sr. Secretario de Estado de Justicia, Presidente de la Real Academia de Doctores, Presidente Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Diputados, Senados, Autoridades que hoy nos acompañan, Señoras y Señores.

Para quienes, como es mi caso, mantenemos una vocación universitaria desde la juventud, ser investido Doctor Honoris Causa supone siempre un honor muy alejado de la percepción de los propios méritos. Quiero, por eso, comenzar agradeciendo esta distinción a todas las autoridades académicas de esta Universidad, representadas por su Rector Magnífico. Pero debo también confesarles con sinceridad que, si algún mérito han encontrado en mi trayectoria, se trata en todo caso de un mérito compartido con muchas personas que la han acompañado: mi familia y amigos; mi maestro alemán, Reiner Arnold y todos los compañeros de mis años de academia; mis compañeros de ejercicio profesional de la abogacía y, muy especialmente, mi maestro español, Antonio Torres del Moral.

Él es responsable de lo bueno que pueda haber aportado desde el punto de vista académico al Derecho Constitucional y de animarme a ser fiel a mi vocación jurídica a través de la abogacía. Si hoy no pueden ser testigos de su rigurosidad por las amables palabras que ha pronunciado hoy sobre mí, habrán comprendido la altura de su talante humano que es capaz de engrandecer a los amigos a la medida de su noble corazón. Su maestría es un privilegio para quienes tenemos la fortuna de poder llamarnos de alguna forma discípulos suyos. Contar hoy con su presencia y ánimo es uno de los motivos de especial satisfacción para mí del día de hoy.

Un día que trae a mi memoria aquel acto llamado “ Rigurosum” que en 1992 la Universidad de Regensburg, Alemania, me acogió entre sus doctores en Derecho. Entonces fue la culminación de una preparación académica. Entonces creía que dedicaría mi vida a la carrera académica. Hoy, 21 años después, recibo esta distinción de la Universidad Internacional de Valencia no como culminación de nada, sino como la confirmación de que la vocación del jurista no se limita al mundo académico sino que engloba la práctica profesional. Lo que el maestro D’Ors llamaba “el trabajo de la Justicia”.

 

 
La espada de Damocles de YPF.
Jueves, 28 de Febrero de 2013 11:30
Escrito por Javier Cremades
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Cuando el gobierno argentino presidido por la señora Fernández de Kichner decidió expropiar ilícitamente las acciones de Repsol en la empresa YPF, dejó clara su intención de no pagar el precio justo que le obliga la ley.

 

Para burlar sus obligaciones legales y evitar el pago de la indemnización, el gobierno de Kichner  evitó aplicar el instituto jurídico de la expropiación, declarando no la expropiación sino la “ocupación temporánea anormal” de los derechos nacidos de las acciones de Repsol en YPF.

 

Esta “ocupación temporánea anormal” es una figura contenida en la ley general de expropiaciones y destinada, como su nombre lo indica, a permitir la excepcional y temporal utilización de un bien, por razones “anormales”. El bien ocupado, por definición, será devuelto a su legítimo propietario transcurrido el plazo que demanden las circunstancias que justificaron la ocupación; que, también por definición, será breve.

 

La razón por la que el gobierno de la señora Fernández de Kichner recurrió a tan extraño instituto jurídico es muy sencilla si se conocen algunos datos. El Estado argentino debe 1.000 millones de dólares a empresas que ya obtuvieron laudos favorables por incumplimientos del Estado a sus contratos en los tribunales del ICSID y mantiene un pasivo contingente, por causas en trámite en los mismos tribunales, varias veces superior. Pero, además, el Estado argentino debe 8.000 millones de dólares al Club de París y 25.000 millones de dólares a tenedores de bonos. En conclusión: el gobierno argentino decretó la “ocupación termporánea” en lugar de la expropiación, porque no tiene el dinero suficiente para pagar los 11.000 millones de dólares que puede representar la justa indemnización expropiatoria.

 

Esa misma falta de fondos para pagar la expropiación de YPF es lo que ha obligado a los actuales gestores impuestos por el gobierno a salir a buscar socios  para sostener el plan de acción de YPF, que puedan aportar los miles de millones de dólares, que el gobierno no tiene, ni el mercado financiero está dispuesto a aportar, dado el riesgo jurídico de la operación.

 

Ese riesgo jurídico pende sobre YPF como una espada de Damocles materializada en las acciones interpuestas tanto en los tribunales argentinos como en la jurisdicción de New York.  

 

Los accionistas minoritarios en Repsol, representados por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), han interpuesto en Argentina una acción de amparo constitucional, en trámite, solicitando al juez se declare la inconstitucionalidad de la ocupación de las acciones de Repsol y la remoción de las autoridades ilegítimamente designadas para reponer a la autoridades legítimas, todo ello hasta tanto el Estado no cumpla con lo dispuesto en la misma Constitución Nacional: no hay expropiación sin previa y justa indemnización.

 

La importante consecuencia de esta acción de amparo es que pone de manifiesto que, hasta tanto se pague la indemnización conforme con el procedimiento de ley, la propiedad de las acciones “ocupadas” continúa siendo de Repsol.

 

Por tanto, el Estado argentino, por su propia ley específica para el caso, es un ocupante provisional del gobierno de la compañía. Es verdad que, muy probablemente acabe siendo el propietario definitivo, pero jurídicamente no lo es hasta que no se cumplan las condiciones que impone la propia Constitución Argentina: “previa y justa indemnización”.

 

Esta “provisionalidad” de la “ocupación” diseñada jurídicamente por el gobierno de la señora Fernández de Kichner preocupa mucho a los posibles socios que están siendo contactados por el gobierno argentino para incorporarse en joint ventures con la local YPF, tanto para exploración como la explotación de hidrocarburos en el territorio argentino.

 

La preocupación tiene motivos, tantos como los interrogantes  jurídicos que despierta la titularidad de las acciones de Repsol en YPF “ocupadas temporáneamente” por el gobierno argentino: ¿qué seguridad puede ofrecer un ocupante temporal para formalizar contratos con terceros que vayan más allá de la mera conservación de la compañía? ¿Cuál es el pasivo por daños y perjuicios que esos terceros deberán considerar para el caso de que YPF retorne a las manos de sus, hasta hoy, legítimos dueños? ¿Estando declarada por la misma ley argentina la ocupación temporánea de las acciones de Repsol, no se podrá considerar la existencia de responsabilidad propia de los terceros por contratar con un mero ocupante? ¿Cuál será la responsabilidad patrimonial, no sólo del Estado, sino de sus funcionarios, por los contratos que puedan celebrar, en condición de meros ocupantes, en perjuicio de los intereses de los legítimos dueños de YPF?  ¿Puede incluso presentarse una responsabilidad criminal de la cual los directivos de la empresas terceras podrían ser considerados partícipes necesarios?

 

Un elemental ejercicio de prudencia exigiría, a todos los actores, aguardar a que la acciones ocupadas vuelvan a sus legítimos propietarios, o bien se formalice debidamente la expropiación que, dentro de los límites constitucionales, es una decisión soberana del Estado

 

 

 

 

 
El Poder de los Ciudadanos en la era de la Soberanía digital
Sábado, 31 de Marzo de 2012 10:58
Escrito por Javier Cremades
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La Constitución de 1812 ha marcado un hito político en la historia de nuestro país. Por primera vez, los españoles fueron conscientes de que la soberanía nacional residía en el pueblo y no en la monarquía absoluta. Frente al imperio del rey, “La Pepa” marcó una ruptura, un cambio radical, en la forma de entender el poder político en la sociedad española.

 

Con una firma, el nuevo orden constitucional pasaba a ser titular de la soberanía de la nación, una titularidad que hasta ese momento correspondía al Rey. La corona traspasaba su poder al pueblo soberano. Una iniciativa revolucionaria entonces, que se remontaba a la soberanía del demos ateniense, y que puso los sólidos cimientos de la democracia que mucho después se instalaría definitivamente en nuestro país.

 

Doscientos años después, asistimos a una nueva revolución democrática. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído consigo algo más que un cambio en las comunicaciones. El acceso del ciudadano a las nuevas herramientas de participación e intervención directa en la vida pública que posibilitan las nuevas tecnologías está dando lugar a una nueva era y a una nueva forma de soberanía nacional: la soberanía digital.

 

El fenómeno de Internet y las redes sociales han situado al ciudadano en el primer plano de la esfera pública gracias a las plataformas de comunicación de enorme repercusión que posibilita. La Red 2.0 supone el final de la llamada vieja sociedad en la que el poder ostentaba el control de la información y de la comunicación. Gracias a  Internet, cada persona cuenta. Este poder de influencia del ciudadano en la Red es la que yo denomino micropoder.

 

Esta nueva transición democrática de la era digital, sumada a las consecuencias de la crisis económica, ha supuesto el despertar democrático de una sociedad que estaba sumida en la apatía política. La participación política es un derecho constitucional que desde hace algunas décadas había pasado a un segundo plano en nuestra sociedad. El interés por los asuntos públicos se había limitado exclusivamente al acto periódico de participar en los procesos electorales y a la intervención ocasional en algún acto o manifestación pública en relación a algún hecho muy concreto. Nada más.

 

En general, nuestras ocupaciones y preocupaciones diarias convertían nuestros derechos políticos, heredados tras largos siglos de luchas y difíciles conquistas, en algo secundario. Esta actitud empobrecía nuestras democracias. De alguna manera, todos nos habíamos hecho a la idea de el sistema funcionaba solo, como si dispusiera de un piloto automático.

 

Ahora las cosas han cambiado. La crisis económica ha provocado que los ciudadanos cuestionen cada vez más las decisiones políticas y desconfíen de sus representantes, lo que ha derivado en otra crisis: la política. La sociedad, y en concreto las generaciones más jóvenes, se han dado cuenta de que es indispensable despertar y formar parte del proceso de toma de decisiones políticas para poder cambiar las cosas. En esta tarea, las posibilidades que permite Internet están desempeñando un papel clave.

 

Los poderes públicos deben adaptarse a este nuevo contexto y de la mano de las nuevas tecnologías ya están dando sus primeros pasos. Hace pocos días hemos sido testigos de la aprobación por parte del Gobierno de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con esta medida pionera, el poder público se somete al control de la soberanía digital y permite que los ciudadanos destapen a través de la Red aquello que hasta ahora parecía opaco: la gestión de los recursos públicos.

 

Es verdad que las nuevas tecnologías pueden servir para ejercer un mayor control por parte del poder político. Pero, por su propia naturaleza son las tecnologías de la libertad y la transparencia. Su fuerza expansiva es tal que no hay dictador o régimen totalitario que las pueda frenar. Lo hemos visto en el origen de la primavera árabe y en las grietas abiertas en las reliquias comunistas que quedan en el planeta.

 

 

 
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Javier Cremades

“Los poderes clásicos deben aprender a relacionarse con los nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse, los encontraran como aliados. Los que no perciban el cambio se despertarán, como el Gulliver de Swift, atenazados por la red de infinitos hilos de los insignificantes liliputienses”.